Un proyecto de ley plantea metas de electrificación para el transporte de cargas y pasajeros, con restricciones graduales a la venta de unidades nuevas diésel. La iniciativa todavía debe superar el trámite legislativo y abre un debate que también alcanza a la industria y al futuro del transporte regional.
El futuro del diésel vuelve a estar en discusión en Brasil. Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone establecer un calendario para transformar las ventas de camiones pesados y ómnibus urbanos, con una fecha central para el transporte de cargas: 2045 sería el año a partir del cual dejarían de comercializarse camiones pesados nuevos con motores diésel.
Se trata del Proyecto de Ley 2650/2026, que busca crear una Política Nacional de Electrificación del Transporte de Cargas y del Transporte Colectivo de Pasajeros. La iniciativa fue presentada por Heloísa Helena y cuenta con la coautoría de Fernanda Melchionna y Luizianne Lins. Actualmente espera dictamen en la Comisión de Minas y Energía. Por lo tanto, las fechas propuestas no constituyen obligaciones vigentes.
UN CRONOGRAMA PARA CAMBIAR LAS VENTAS
El texto plantea una transición escalonada. Para 2030, el 30% de las ventas anuales de ómnibus urbanos nuevos debería corresponder a modelos de cero emisiones. En el caso de los camiones pesados nuevos, la participación prevista alcanzaría el 50% para 2035.
El siguiente paso sería restringir la comercialización de unidades nuevas diésel: desde 2040 para los ómnibus urbanos y desde 2045 para los camiones pesados. El alcance anunciado se refiere a las ventas de vehículos nuevos; no debe interpretarse como una orden de retirar de circulación toda la flota diésel en esas fechas.
Además de las metas, la propuesta contempla incentivos fiscales para vehículos eléctricos, baterías, cargadores y componentes estratégicos, junto con líneas especiales de financiamiento mediante bancos públicos. El objetivo es acompañar la transformación del mercado con herramientas para la inversión.
EL DESAFÍO TAMBIÉN ESTÁ FUERA DEL CAMIÓN
Desde una perspectiva operativa, fijar un horizonte de electrificación obliga a discutir mucho más que la disponibilidad de vehículos. Para una empresa transportista, la decisión de incorporar una nueva tecnología debe cerrar en autonomía, capacidad de carga, tiempos de detención y costo por kilómetro.
El análisis también exige diferenciar aplicaciones. Un servicio con recorridos previsibles y regreso diario a una base permite planificar la recarga de manera distinta de una operación de larga distancia, con destinos variables y ventanas de entrega ajustadas.
En ese escenario, la infraestructura tendría un papel decisivo. La transición requeriría coordinar cargadores, potencia eléctrica disponible, espacios de estacionamiento y tiempos de descanso. A ello se sumarían la capacitación de conductores y técnicos, la atención posventa y el financiamiento de las unidades y de sus instalaciones.
La pregunta para el sector sería, entonces, cómo convertir un calendario legislativo en una alternativa operativa y económicamente viable para transportistas de diferentes tamaños.
UN PROYECTO QUE TODAVÍA PUEDE CAMBIAR
La iniciativa tiene previsto su tratamiento en cinco comisiones: Minas y Energía; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Transporte; Finanzas y Tributación; y Constitución, Justicia y Ciudadanía. El registro legislativo informa que recibió cuatro enmiendas, por lo que su contenido aún puede modificarse durante la discusión.
Para convertirse en ley deberá completar el procedimiento parlamentario en ambas cámaras y pasar por la instancia presidencial. Hablar hoy del “fin del diésel en Brasil” anticiparía un resultado que todavía no está definido.
LA PROYECCIÓN PARA LA ARGENTINA
Como lectura sectorial, una política de esta naturaleza podría influir sobre las decisiones de inversión, el desarrollo de plataformas y la oferta de vehículos para otros mercados de la región. Para la Argentina, el debate abre un interrogante: cómo preparar infraestructura, financiamiento y servicios para acompañar una eventual aceleración tecnológica del transporte brasileño.
Eso no supone trasladar automáticamente sus plazos al mercado local. Sí invita a evaluar qué condiciones necesitaría cada aplicación para reducir emisiones sin comprometer productividad.
El proyecto pone una fecha sobre la mesa. El desafío será construir las condiciones para que esa transformación pueda llegar a las rutas. Su relevancia excede la discusión sobre un motor: plantea cómo se financiará, abastecerá y sostendrá el transporte de cargas de las próximas décadas.
