Más de 200 camiones participaron de una protesta frente al Tribunal de Faltas. Los manifestantes denunciaron sanciones que superan los $9 millones y cuestionaron el secuestro de vehículos y la retención de licencias, medidas que afectan directamente su posibilidad de trabajar.
07-10-26.-El sistema de fotomultas de Avellaneda quedó en el centro de una fuerte protesta del transporte de cargas. El lunes 5 de octubre, más de 200 camiones se concentraron sobre la avenida Mujeres Argentinas, frente al Tribunal de Faltas local, y bloquearon la circulación bajo una consigna contundente: “Si no trabajamos, Avellaneda se para”.
El reclamo apuntó contra las sanciones aplicadas por el municipio que conduce Magdalena Sierra. Los transportistas denunciaron multas que, en algunos casos, superan los $9 millones, y consideraron que esos importes resultan desproporcionados respecto de las infracciones atribuidas.
MONTOS Y REGLAS DE CIRCULACIÓN BAJO CUESTIONAMIENTO
Además de las cifras, los manifestantes objetaron las condiciones en las que se registraron las infracciones. Según sostienen, existen multas vinculadas con sectores donde actualmente está permitido circular, aunque anteriormente regían restricciones.
También denunciaron cámaras sin señalización adecuada y reclamaron que se diferencien las infracciones correspondientes a períodos anteriores y posteriores a la nueva ordenanza de tránsito. El planteo exige revisar las sanciones y aclarar qué disposiciones se aplicaron en cada caso.
CUANDO LA SANCIÓN IMPIDE TRABAJAR
Otro de los puntos centrales fue el rechazo al secuestro de camiones y a la retención de licencias. Los transportistas advierten que estas medidas agravan el perjuicio económico: además de afrontar una deuda millonaria, pueden quedar privados del vehículo o de la habilitación que necesitan para generar ingresos.
La protesta reunió a trabajadores independientes y empresas del sector, que también solicitaron revisar el funcionamiento del sistema electrónico de fiscalización y reducir los valores de las sanciones.
En las declaraciones aportadas, los damnificados expresaron su desconfianza respecto del propósito de los controles: “Nos da a entender que el motivo es recaudatorio”. También señalaron dificultades para comunicarse con las autoridades y obtener respuestas a sus reclamos.
EL TRANSPORTE MERECE REGLAS CLARAS Y CONTROLES TRANSPARENTES
El conflicto de Avellaneda plantea una discusión que la provincia de Buenos Aires debe afrontar: cómo impedir que la fiscalización del tránsito se convierta en un mecanismo de presión económica sobre quienes transportan la producción.
La legitimidad de un control depende de reglas claras, señalización adecuada, sanciones proporcionadas y una posibilidad efectiva de defensa. Cuando los trabajadores denuncian multas millonarias y medidas que paralizan su actividad, las autoridades tienen la obligación de explicar cómo funciona el sistema y revisar los casos cuestionados.
La legislación bonaerense establece requisitos para el control de infracciones. En particular, el artículo 28 bis de la Ley 13.927 contempla exigencias de señalización para determinados controles de velocidad y prevé la nulidad de las actas cuando se incumplen esas condiciones. Su aplicación debe evaluarse según el tipo de control y las circunstancias de cada infracción.
Desde Planeta Camión consideramos que la responsabilidad pública también debe alcanzar a quienes diseñan y ejecutan estos sistemas. Si se comprueban irregularidades, corresponde corregirlas, dejar sin efecto las sanciones improcedentes y determinar las responsabilidades. La falta de respuestas alimenta la percepción de impunidad que expresan los afectados.
Retener una unidad puede interrumpir entregas, comprometer contratos y dejar a una familia sin ingresos. Esa consecuencia exige decisiones fundadas y una evaluación responsable de cada caso.
La seguridad vial debe medirse por su capacidad para prevenir siniestros. Los municipios deben mostrar resultados, informar los criterios de fiscalización y garantizar canales accesibles para resolver reclamos. El transporte necesita un Estado que ordene la circulación y responda por sus decisiones: de su trabajo dependen industrias, comercios y el abastecimiento cotidiano.
