La Municipalidad ampliará desde el 1 de octubre el cobro de la Tasa de Tránsito Pesado a los camiones que ingresen al partido. FADEEAC pidió la intervención del Gobierno nacional y denunció un “peaje municipal encubierto”. El municipio defiende la medida como una forma de financiar el mantenimiento vial. En el medio quedan las empresas que necesitan llegar a las plantas industriales y sostener su actividad.
22-09-26.- Ramallo se convirtió en escenario de una disputa que excede sus límites. La Municipalidad, encabezada por el kirchnerista Mauro Poletti, decidió extender a todo el tránsito pesado que ingrese al partido una tasa que hasta ahora se aplicaba de manera parcial. El nuevo sistema utilizará un arco de control sobre el Acceso Sánchez, en el corredor que vincula la Ruta Nacional 9 con establecimientos industriales y portuarios. Según el secretario de Hacienda municipal, Lucas Reyik, comenzará a funcionar formalmente el 1 de octubre y el pago corresponderá una vez por jornada.
FADEEAC presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte de la Nación y solicitó que se impulse una medida cautelar para suspender el esquema. Según la entidad, la normativa contempla hasta $37.000 por pesaje dinámico y $25.000 vinculados al ingreso a predios industriales o playas de estacionamiento. A ello se suma una tasa municipal del 2% sobre el combustible vendido en el distrito. La Federación también cuestiona la concesión por 20 años del sistema de control a una empresa privada.
EL MUNICIPIO NIEGA EL DOBLE COBRO
Hay una diferencia que debe quedar clara: no está establecido que cada camión vaya a pagar automáticamente $62.000 por ingreso. FADEEAC advierte que los conceptos previstos podrían acumularse; la Municipalidad lo niega y sostiene que el nuevo pago reemplaza al que antes se realizaba al ingresar a determinadas plantas. También afirma que la tasa existe desde 2002 y que lo que cambia ahora es su alcance.
El Ejecutivo municipal sostiene que los fondos financiarán mantenimiento de calzada, iluminación, demarcación y asistencia vial. Anunció, además, una playa con servicios para conductores. Son argumentos que merecen ser examinados con números: cuánto costarán efectivamente esas prestaciones, qué obras se ejecutarán, cómo se controlará la concesión y qué pagará cada transportista en una operación real.
CUANDO EL ACCESO ES OBLIGATORIO, EL COSTO TAMBIÉN LO ES
El punto más delicado es la ubicación del control. De acuerdo con la presentación de FADEEAC y con las empresas que elevaron el reclamo, el Acceso Sánchez es el único corredor habilitado para que el tránsito pesado llegue a determinados complejos industriales y al área portuaria. Si una empresa debe utilizar ese camino para cargar o descargar, el pago deja de ser una elección dentro de su planificación logística: pasa a ser un costo impuesto por la ubicación de su cliente o proveedor.
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La Federación estima que el costo por kilómetro del esquema cuestionado supera en un 120% al del peaje del complejo Zárate–Brazo Largo. También recoge cálculos de empresas afectadas que proyectan un impacto anual de entre $100 y $500 millones por firma. Son estimaciones sectoriales, sujetas a la forma en que finalmente se liquide la tasa, pero muestran la escala del problema para una operación con ingresos frecuentes.
LA DISCUSIÓN DE FONDO
Un municipio tiene responsabilidades sobre sus caminos y puede exigir que se respeten los pesos permitidos. Controlar cargas y conservar la infraestructura es necesario. Otra cosa es convertir el ingreso de los camiones en una fuente de recaudación cuyo monto y contraprestación no resulten claros para quienes deben pagarla.
FADEEAC sostiene que el esquema vulnera normas federales y funciona como una aduana interior. Esa es, por ahora, la posición de la entidad, no una conclusión judicial. La Constitución protege la circulación de mercaderías dentro del país, mientras que la discusión jurídica sobre una tasa municipal exige examinar el servicio prestado y su relación razonable con lo cobrado. La presentación administrativa ya está hecha; la validez del sistema deberá resolverse por las vías correspondientes.
LA VISIÓN DE PLANETA CAMIÓN
Nuestra posición es firme: cargar sobre el transporte un nuevo costo de acceso al corredor productivo es una mala decisión. Un camión que entra a una planta no está realizando una actividad ajena a Ramallo. Lleva insumos, retira producción, sostiene empleos y conecta a sus industrias con el resto del país. Encarecer ese movimiento también encarece la actividad que el municipio dice querer cuidar.
Que la tasa tenga antecedentes desde 2002 no responde por sí solo a la objeción actual. El cambio relevante es su aplicación general, mediante un sistema automático, a transportistas que antes no la pagaban. Tampoco alcanza con prometer mejoras futuras para justificar cualquier importe presente. Si el municipio pretende cobrar por servicios viales, debe mostrar con precisión qué presta, cuánto cuesta y cómo se verifica que el dinero vuelva al camino.
El intendente peronista de Ramallo debería suspender la aplicación general prevista para octubre y abrir una revisión pública con transportistas, industrias y autoridades competentes. Hay espacio para controlar el sobrepeso, mantener el acceso y distribuir responsabilidades de manera razonable. Lo que no debería aceptarse es que cada jurisdicción transforme un paso necesario para producir en una barrera económica propia. Si esa práctica se multiplica, el costo no quedará en la cabina del camión: terminará recorriendo toda la cadena productiva.
