El organismo relevó más de 40.000 kilómetros de rutas y detectó irregularidades en cientos de equipos de control de velocidad. La medida busca transparentar el sistema de fotomultas y garantizar que los radares cumplan una función preventiva y no meramente recaudatoria.
28-05-26.- La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) avanza con un proceso de fiscalización y ordenamiento de los radares que operan sobre las rutas nacionales argentinas. Tras relevar más de 40.000 kilómetros de corredores viales en todo el país, el organismo detectó más de 150 equipos que funcionaban sin la autorización correspondiente para emitir infracciones.
La iniciativa forma parte de un programa destinado a regularizar el sistema de control automático de velocidad, una herramienta clave para la seguridad vial pero que durante años generó cuestionamientos por parte de transportistas, automovilistas y cámaras empresarias debido a la proliferación de radares cuya situación legal resultaba, en muchos casos, poco clara.
Al inicio del relevamiento se encontraban autorizados 526 cinemómetros para operar en rutas nacionales, de los cuales 363 correspondían a equipos fijos y 163 a dispositivos móviles.
Sin embargo, la inspección realizada por la ANSV detectó que de los 363 radares fijos autorizados, solamente 239 se encontraban instalados en los lugares para los cuales habían sido habilitados. Otros 124 equipos no fueron hallados en los puntos declarados originalmente, situación que derivó en intimaciones a las jurisdicciones responsables para que informen su estado operativo.
Además, los inspectores detectaron 152 radares fijos que operaban sin autorización nacional para labrar infracciones. Frente a estas irregularidades, la Agencia exigió el cese inmediato de su utilización y el retiro de los dispositivos instalados sin habilitación.
EL FALLO QUE REFUERZA EL CONTROL NACIONAL
La ANSV recordó que la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008 establecen que ningún radar puede operar legalmente sobre rutas nacionales sin autorización previa del organismo.
La posición fue reforzada recientemente por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó el rol de la Agencia Nacional de Seguridad Vial como autoridad competente en materia de radares instalados sobre corredores nacionales.
Según el organismo, el objetivo del proceso es garantizar que los controles de velocidad funcionen bajo criterios técnicos, transparentes y orientados a la prevención de siniestros viales.
QUÉ DEBE TENER UNA FOTOMULTA PARA SER VÁLIDA
La ANSV recordó que una infracción detectada por radar debe contener información precisa sobre el equipo utilizado, incluyendo marca, modelo, número de serie, homologación y calibración vigente.
Además, debe especificar lugar, fecha, hora, velocidad permitida, velocidad registrada e incorporar una imagen clara que permita identificar la patente del vehículo.
También deben figurar la autoridad emisora, el operador habilitado y el juzgado competente, además de respetarse la correcta señalización previa del control y los plazos legales de notificación.
UNA DISCUSIÓN QUE EL TRANSPORTE CONOCE MUY BIEN
Para el transporte de cargas, la noticia tiene una relevancia especial. Durante años, empresas y conductores denunciaron la existencia de radares ubicados en accesos urbanos, travesías y rutas nacionales donde la función preventiva parecía quedar en un segundo plano frente al objetivo recaudatorio.
La seguridad vial no admite discusiones. Reducir la velocidad en zonas de riesgo salva vidas y constituye una responsabilidad ineludible para cualquier conductor profesional. Sin embargo, cuando los controles carecen de transparencia, aparecen equipos sin habilitación o las multas llegan meses después de cometida la infracción, el sistema pierde credibilidad.
El desafío no pasa por eliminar los radares. Todo lo contrario. El verdadero desafío consiste en contar con controles correctamente señalizados, técnicamente homologados y orientados a modificar conductas de riesgo, no a transformarse en una fuente de ingresos para municipios o jurisdicciones.
La decisión de la ANSV de revisar y ordenar el sistema representa una señal positiva para un sector que necesita reglas claras, previsibilidad y controles legítimos. Porque la seguridad vial se construye con prevención, educación y fiscalización seria, no con la sospecha permanente de que detrás de cada radar puede esconderse una caja recaudatoria.
