Mientras la seguridad vial exige controles cada vez más estrictos, transportistas de todo el país cuestionan la proliferación de radares, la falta de criterios uniformes y el impacto económico que generan las infracciones automáticas sobre una actividad que ya enfrenta altos costos operativos.
Cada vez que un camión sale a la ruta, además del combustible, los peajes, los neumáticos, los seguros y los costos laborales, existe otro gasto que preocupa cada vez más a las empresas de transporte: las fotomultas.
Lo que originalmente nació como una herramienta destinada a mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad se transformó, con el paso de los años, en uno de los temas más controvertidos del transporte argentino.
La decisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) de fiscalizar más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales y detectar más de 150 radares sin autorización volvió a poner el tema en el centro del debate.
La pregunta es inevitable: ¿todos los radares están realmente orientados a prevenir accidentes o algunos terminaron convirtiéndose en mecanismos de recaudación?
EL PROBLEMA NO SON LOS CONTROLES
Dentro del transporte existe una coincidencia casi absoluta: nadie discute la necesidad de controlar la velocidad.
Las empresas saben que un accidente grave puede costar mucho más que cualquier multa. Además de las pérdidas humanas, los siniestros generan costos operativos, judiciales y de imagen difíciles de recuperar.
Por eso las grandes flotas incorporan limitadores de velocidad, sistemas de monitoreo satelital y programas permanentes de capacitación para conductores.
El conflicto aparece cuando los controles pierden transparencia.
Radares mal señalizados, cambios abruptos de velocidad máxima, notificaciones que llegan meses después de la infracción y equipos cuya situación administrativa resulta poco clara son algunas de las críticas más frecuentes que surgen desde el sector.
UN PAÍS CON REGLAS DIFERENTES EN CADA RUTA
Uno de los mayores problemas es la falta de uniformidad.
Argentina posee miles de kilómetros de rutas atravesando provincias y municipios con normativas, juzgados y criterios de fiscalización diferentes.
Un mismo camión puede atravesar varias jurisdicciones durante un viaje de larga distancia y encontrarse con sistemas completamente distintos de control y sanción.
Para las empresas esto implica una complejidad administrativa enorme.
Las áreas de tráfico y legales deben gestionar permanentemente descargos, consultas y seguimiento de infracciones provenientes de distintas localidades del país.
EL COSTO OCULTO PARA LAS FLOTAS
Más allá del valor económico de cada multa, existe un costo menos visible.
Cuando una empresa recibe una infracción varios meses después de ocurrida, muchas veces resulta imposible reconstruir exactamente las circunstancias del hecho.
Determinar quién conducía la unidad, verificar registros de GPS o analizar condiciones operativas demanda tiempo y recursos administrativos.
Las compañías más grandes reciben decenas o incluso cientos de notificaciones por año.
En muchos casos, el costo de gestionar cada expediente termina siendo tan importante como la multa misma.
LA DIFERENCIA ENTRE PREVENIR Y RECAUDAR
Los especialistas en seguridad vial coinciden en que los radares funcionan cuando el conductor sabe que existe un control y modifica su comportamiento.
Es decir, la eficacia preventiva aumenta cuando el sistema es visible, está correctamente señalizado y genera conciencia.
Cuando el radar se percibe únicamente como una herramienta para sancionar, su función educativa pierde fuerza.
Por eso la transparencia se vuelve fundamental.
La reciente revisión impulsada por la ANSV apunta precisamente a fortalecer la legitimidad del sistema y garantizar que los controles se desarrollen dentro de un marco técnico y legal claro.
EL DESAFÍO QUE VIENE
La seguridad vial y la actividad transportista no son objetivos contrapuestos.
Por el contrario, ambos necesitan convivir.
El transporte profesional requiere rutas más seguras, menos accidentes y reglas previsibles.
Y la sociedad necesita que quienes recorren miles de kilómetros por año lo hagan bajo estándares cada vez más altos de seguridad.
La discusión de fondo no debería centrarse en la existencia de los radares, sino en cómo se utilizan.
Porque cuando los controles son transparentes, están correctamente homologados y cumplen una función preventiva, ganan todos.
Pero cuando aparecen dudas sobre su legitimidad, el sistema pierde credibilidad y termina afectando incluso a quienes cumplen correctamente con las normas.
Al final, la verdadera discusión no es si debe haber más o menos radares.
La verdadera discusión es si los radares están para cuidar vidas o para recaudar dinero.
EL TRANSPORTISTA NO LE TEME AL CONTROL
Las grandes empresas de transporte invierten millones de pesos por año en telemetría, monitoreo satelital, limitadores de velocidad y capacitación de conductores. El sector entiende que la seguridad vial es una condición indispensable para operar. El reclamo histórico apunta a la transparencia y legalidad de los controles, no a su existencia.
UNA MULTA PUEDE LLEGAR MESES DESPUÉS
Uno de los principales cuestionamientos de las empresas es la demora en las notificaciones. Cuando la infracción llega varios meses después, muchas veces resulta difícil identificar al conductor, reconstruir la situación o verificar registros operativos que permitan realizar un descargo adecuado.
152 RADARES BAJO SOSPECHA
Durante su relevamiento de rutas nacionales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial detectó 152 radares que operaban sin autorización nacional para emitir infracciones. El organismo ordenó su cese de utilización y comenzó un proceso de regularización y control.
PREVENCIÓN VS. RECAUDACIÓN
Los expertos coinciden en que los radares más efectivos son aquellos que están correctamente señalizados y logran que el conductor reduzca la velocidad antes de llegar al punto de control. Cuando el objetivo principal parece ser sancionar y no prevenir, la herramienta pierde legitimidad ante la sociedad.
